La autorización de la instalación de la planta papelera Botnia, en la ribera oriental del Río Uruguay, efectuada la semana pasada por el flamante gobierno del presidente Tabaré Vásquez, fue celebrada por las autoridades de dicha empresa, tras un año de trámites de dulce y de agraz, ya que Botnia ha levantado una fuerte polémica debido a cuestionamientos ambientales generados a ambos lados del río, que sirve de límite natural entre Argentina y Uruguay.
La empresa elaboradora de celulosa, de capitales finlandeses, recibió la autorización de parte del Departamento de Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay para la construcción de una planta sobre el río Uruguay, en la zona de Fray Bentos, 300 kilómetros al oeste de Montevideo, con inversiones previstas de 1.200 millones de dólares, según informó el representante de la firma Carlos Faroppa.
La planta ha sido criticada por representantes de Argentina, especialmente por algunas autoridades de la provincia de Entre Ríos, quienes sostienen que la instalación de la misma afectará el medio ambiente de la zona. Uno de los voceros de la agrupación Vecinos Autoconvocados en Defensa del Río Uruguay, Alejandro Gahan, en declaraciones recogidas por diario "La Calle" de Concepción del Uruguay, se mostró "indignado con la decisión de autoridades uruguayas de autorizar la construcción de la planta de celulosa perteneciente a la empresa Botnia", según señaló.
No obstante el tema ha pasado a tener un carácter más político que empresarial, debido a que ha enfrentado a las autoridades de ambos países. La inversión total del grupo finlandés llega al 40 por ciento de la inversión externa anual promedio en Uruguay, y produciría cerca de 500 millones de dólares en productos derivados de la celulosa.
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